DATOS DE LA COMPUTADORA DE RAÚL REYES HABÍAN SIDO OTORGADOS BAJO RESERVA
El pedido se hizo ayer, mientras tanto el asesor jurídico de Cancillería ya viaja mañana al Brasil para plantear la revisión del status de refugiado de los acusados de secuestro.
La Cancillería solicitó oficialmente al Gobierno de Colombia la autorización para utilización de los informes que contienen la computadora del ex subcomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
Raúl Reyes, como hecho nuevo para la revisión del estatus de refugiados de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán en la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil. La nota firmada por el canciller Héctor Lacognata está dirigida a su par colombiano, Jaime Bermúdez, señaló ayer a La Nación el director de Asuntos Legales de la Cancillería, Carlos Fleitas.
El funcionario informó que en la solicitud de levantamiento de estatus de los acusados del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi se menciona el contenido de los correos encontrados en la computadora de Reyes. Señaló que dicha prueba fue otorgada en carácter de cooperación judicial bajo reserva y por lo cual la Cancillería solicitó autorización del Gobierno colombiano de Álvaro Uribe para usarlo ahora como prueba nueva.
El funcionario de Relaciones Exteriores consignó que en caso que la Conare dé vía libre para el estudio de la revisión, la Fiscalía deberá comparecer para exponer los argumentos jurídicos en una Audiencia Pública a realizarse en Brasilia.
Viaje al Brasil
La Cancillería anunció ayer la presentación de la solicitud del Gobierno de revocación de la condición de estatus de refugiados de Arrom, Martí y Colmán. La cartera de Estado informó que el titular de Asuntos Legales, Carlos Fleitas, se trasladará mañana a Brasilia y entregará personalmente el pedido de revocación al subsecretario de Asuntos Sudamericanos de la Cancillería brasileña (Itamaraty), Antonio Simoes. Asimismo, una copia del documento también será remitida al secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Luiz Paulo Telez, quien además ejerce la presidencia de la Conare.
Fleitas afirmó que el criterio sustentado que la institución jurídica del refugio no puede ser sinónimo de inmunidad ni de impunidad. Dijo que el Gobierno reivindica la “soberanía jurídica” del presente caso a favor de la Justicia paraguaya, ya que la misma es la que debe resolver acerca de la inocencia o la culpabilidad de los imputados.
Apuntó que otro elemento incluido en el documento es la mención al Protocolo de Ushuaia. Indicó que el Paraguay es considerado un país con régimen democrático con estado de derecho y “mal podría un organismo de otro país señalar lo contrario”.
Fuente: www.lanacion.com.py
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