INVESTIGAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó a la Municipalidad de Lambaré la suspensión de la licitación para obras en Cacique debido a presuntas irregularidades registradas en el proceso.
De acuerdo con la resolución DNCP 933/10, Contrataciones inició una investigación de oficio de la licitación para la construcción de recapado asfáltico, desagüe cloacal y alcantarillado sanitario (ID 185757) por las anomalías que habrían existido en el proceso.
El intendente municipal de Lambaré, Roberto Cárdenas, habría avalado incluso la violación a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, ya que se adjudicó a una empresa por un monto superior al ofertado en la apertura de sobres.
La concejala María Gloria Valenzuela y el concejal departamental Carlos Guggiari, ambos del PPQ, presentaron una denuncia en Contrataciones contra la licitación de referencia.
A raíz de esta nota y utilizando su atribución de suspender de oficio un proceso, según el inciso “r” del artículo 3º de esa ley, la DNCP decidió intervenir, atendiendo a que “de confirmarse los extremos alegados en la mencionada nota, estaríamos ante una irregularidad que pudiera provocar la anulación de todo lo actuado por la convocante, en relación a la mencionada contratación”.
En la resolución se aclara que la suspensión debe ser realizada en el estado en que se encuentre la licitación, “incluyendo la ejecución del contrato, el pago de sumas de dinero, cualquiera sea su concepto, hasta tanto se resuelva el proceso de investigación de oficio.
Adjudicación irregular
Para realizar las obras de Cacique, la empresa Caldetec, representada por César Rojas, ofertó el total de G. 8.967.873.420, que fue la propuesta más baja de acuerdo con el acta de apertura, de fecha 20 de abril.
Esto, atendiendo a que la firma T y C, representada por Juan Encina, ofertó por el total de G. 11.200.450.512.
Sin embargo, el Comité de Evaluación (integrado por Carlos Mendieta, Rodolfo Villalba y Alfredo Ayala) recomendó al intendente Cárdenas la adjudicación a Caldetec, pero por el monto de G. 9.864.660.762, argumentando que “por un error involuntario fue ha tomado el monto ofertado sin IVA”.
Cárdenas aprobó ese mismo día la adjudicación a Caldetec, sin objetar que se haya modificado sustancialmente la oferta, hecho que configura una violación a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.
Fuente: www.abc.com.py
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